Justicia Socioambiental y Climática

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La crisis socioambiental y climática es uno de los mayores desafíos para los derechos humanos en la actualidad, hecho que corroe la democracia y continúa perpetuando desigualdades. En los países del Sur Global, una élite se beneficia de la economía centrada en commodities, mientras que comunidades vinculadas al medioambiente, como indígenas, quilombolas y campesinas, soportan los costos de la explotación predatoria.

En Brasil, la actuación devastadora de grandes corporaciones genera crisis en el Amazonas y en otros biomas, que resultan en violaciones a los derechos humanos, violencia contra defensores de derechos, pérdida de biodiversidad, contaminación y daños irreparables al medioambiente, lo que contribuye significativamente al cambio climático. Los negocios de mayor escala, como la extracción de petróleo, minería, agropecuaria y construcción civil también son las principales causas de impactos socioambientales.

Justiça Global actúa para que se consideren las implicancias diferenciadas de raza, género, clase y territorio en el enfrentamiento a la emergencia climática, y apuesta a la garantía del derecho a la tierra y al territorio, a la reforma agraria, al enfrentamiento a la violencia en el campo, y a la responsabilización de las empresas y estados de las violaciones de derechos humanos y ambientales para cualquier salida propuesta.

Entienda la actuación del programa

Garantía del derecho a la tierra y al territorio de pueblos indígenas y comunidades tradicionales

indígenas realizan vigilia ante el STF en el juicio en 2017. Foto: Daniela Fichino/Justiça Global.

El acceso a la tierra es fundamental para garantizar otros derechos básicos: alimentación, vivienda, agua, cultura e identidad, reproducción social, entre otros. La construcción de la propiedad en Brasil, sin embargo, implicó la desapropiación y exclusión de innumerables personas, sobre todo de origen indígena y africano.

_ La garantía de la tierra y del territorio para que pueblos y comunidades tradicionales preserven su patrimonio cultural.

Este derecho es reconocido por la Convención N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificada en Brasil en 2012 y que establece la consulta previa, libre e informada a esos grupos.

Hasta el momento, solo han sido demarcados el 65% de los 736 territorios indígenas identificados por la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas. Hay también otras 490 reivindicaciones en análisis. Con relación a los pueblos quilombolas, mientras que 2.849 comunidades fueron certificadas por la Fundación Cultural Palmares, solo 54 territorios recibieron titulación (parcial o total) por parte del órgano responsable, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).

Actuación en los sistemas internacionales de derechos humanos

Rompimento da barragem do Fundão, de rejeitos de minérios, em Mariana-MG, em 2015, destruiu territórios e impactou milhares de pessoas e o meio ambiente. Foto: Daniela Fichino/Justiça Global.

Desde su fundación Justiça Global tiene como estrategia la actuación en los sistemas internacionales de derechos humanos, en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enviando denuncias, información, actuando como amicus curiae, solicitudes de audiencias, acompañamiento de visitas y petición de casos.

Ver Justicia Internacional.