Brasil lidera el ranking mundial de homicidios de la ONU en números absolutos y es el octavo país más violento del mundo (UNODC/ONU). Según la agencia, el 76% de las muertes fueron provocadas por armas de fuego. Sin embargo, históricamente, el estado brasileño ha optado por una política de seguridad pública que profundiza la violencia y las desigualdades (principalmente raciales), con el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, la militarización y el encarcelamiento en masa, sumado a la postura discriminatoria en la garantía de derechos y servicios básicos en las favelas y otros territorios empobrecidos, principalmente negros y/o indígenas.
De este modo, el programa de Violencia Institucional y Seguridad Pública se concentra en desarrollar estudios y análisis que ayuden a comprender y a combatir el racismo como factor estructurante de la actuación de las agencias de seguridad pública y del sistema de justicia penal.
Con la finalidad de hacer frente a estas violencias causadas por el estado (o por agentes particulares con su aprobación) y producir una agenda de reparación y de no repetición, Justiça Global trabaja para combatir el racismo y la violencia policial, evitar y erradicar la tortura y otras violaciones de los derechos humanos de personas privadas de libertad, promover el desencarcelamiento a partir de la revisión de las políticas penales, así como para fortalecer las capacidades de organizaciones, movimientos sociales y familiares de las víctimas de violencia estatal y sobrevivientes del sistema carcelario en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos y en la promoción de la justicia y prevención de futuros abusos.